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Hacienda lanza otro catastrazo que en Galicia arrastrará a los impuestos regionales a la vivienda

Hacienda lanza otro catastrazo que en Galicia arrastrará a los impuestos regionales a la vivienda

08:01, 06/04/2018

Por David Expósito

El proyecto de Presupuestos reforma el cálculo de los valores catastrales, que tendrán como referencia los precios del mercado

Van seis años consecutivos ya con los ayuntamientos ingresando más de lo que gastan. El ansiado superávit que tanto se le resiste al resto de administraciones españolas. Como todo en economía, el ajuste presupuestario en las entidades locales no es un milagro y la principal razón son los sucesivos giros de tuerca al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), su gran fuente de recaudación. El Ministerio de Hacienda impulsó una actualización exprés de los valores de los inmuebles y los terrenos sobre los que se aplica el tributo para supuestamente acercarlos a la cotización del mercado y, en paralelo, se puso a buscar las propiedades reformadas o que estaban sin declarar para forzar su alta en el Catastro y obligar a sus dueños a pagar más por ellas. La letra pequeña del proyecto de los Presupuestos Generales para este año trae una nueva sorpresa alrededor del IBI. El departamento que dirige Cristóbal Montoro quiere que esos valores se correspondan definitivamente con los precios reales, en un momento de clara recuperación del sector y de encarecimiento de la vivienda. Esos mismos valores son los que usa la Xunta desde julio de 2015 para cobrar sus gravámenes por compraventa de pisos usados y en las herencias y donaciones, por lo que el enésimo "catastrazo" de Hacienda arrastrará a los impuestos regionales más importantes.

Para calcular el valor catastral se tenían en cuenta hasta ahora la localización del inmueble y las condiciones urbanísticas del terreno, el coste de ejecución de obra en caso de edificios, los tributos que se abonan por la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad, entre otros criterios. Nunca podía superar el valor de mercado. Es decir, ser mayor al precio que se pagaría en una transacción. Cada concello se somete a un examen en profundidad para estimar los valores de todas las propiedades asentadas en su territorio. Son procesos largos y costosos y por eso las actualizaciones de dilatan en el tiempo.

 
Aunque el objetivo de equilibrar los valores catastrales con la cotización del mercado inmobiliario es un objetivo desde hace mucho tiempo, lo exige la propia ley del Catastro, Hacienda ha esperado a que pasen los efectos del estallido de la burbuja del ladrillo para ponerse manos a la obra.

Entre las varias modificaciones de la ley del Catastro que recoge el proyecto de Presupuestos destaca la decisión de estimar "de forma objetiva, para cada bien inmueble" de "su valor de referencia en el mercado". "Entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos -concreta- en las transacciones efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga". O, lo que es lo mismo, los datos que manejan los notarios con las compraventas.

Se elaborará un mapa anual por zonas geográficas y, mientras el nuevo sistema no funcione, Hacienda encargará un informe del mercado inmobiliario que marcará "los diferentes módulos de valor" en bienes.

"Permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", justifica el ministerio. Pero lo cierto es que ese fue, precisamente, el argumento para defender los anteriores "catastrazos" que hicieron que Galicia acumule desde 2011 un alza del 30% en la recaudación del IBI urbanos y del 114% en el rústico.

Esos nuevos valores más altos son los que también servirán a la Xunta para aplicar sus impuestos en viviendas y terrenos. Para escapar del tsunami de reclamaciones por su sistema de precios medios -basado también en estudios de mercado-, el Ejecutivo autonómico echa mano de los datos del catastro. Lo que no impidió, como publicó ayer FARO, que las retasaciones dispararan el valor de los bienes declarados en 2016 en 4.400 millones.

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