La auditoría externa y el informe interno de En Marea consideran probado que dos miembros del comité electoral -controlado por el sector crítico- accedieron sin autorización al censo, por lo que la coordinadora, en manos de Luís Villares, ha pedido el cese en sus cargos. Además, la auditoría se elevará a la Agencia Española de Protección da Datos para que actúe contra ellos y mientras tanto, las primarias no se celebrarán hasta que se incorporen al proceso nuevas medidas de seguridad. Además de las dos personas del comité electoral, otras dos también entraron en el censo sin autorización. Estas acciones motivaron que las elecciones internas de En Marea para elegir a la nueva dirección se aplazara hace diez días de forma indefinida. Sobre la mesa está también la posibilidad de que los supuestos infractores acaben expulsados de En Marea, aunque el proceso es muy complicado.

Del resultado de la investigación interna y la externa informó ayer Gonzalo Rodríguez, presidente del partido instrumental, responsable de la comisión de garantías y portavoz de la coordinadora, mientras integrantes del comité electoral escuchaban sus explicaciones en la comparecencia ante los medios.

 
 
Al parecer, no se produjo manipulación del censo o al menos no se puede probar, pero sí un acceso no autorizado a las fichas de los inscritos, a datos confidenciales y a algunos DNI desde cuatro direcciones distintas de equipos informáticos, de los que dos pertenecen a miembros del comité electoral.

La comisión de garantías paralizó las primarias el día 30 de noviembre al detectar una intromisión no autorizada en el censo, una decisión que el comité electoral se negó a aceptar inicialmente. La suspensión de las primarias abrió una lucha interna en En Marea sin precedentes, dejando a la formación al borde la ruptura entre el sector oficial, liderado por Luís Villares, que controla la dirección del partido y la comisión de garantías, y la corriente crítica, con mayoría en el comité electoral, cuya cabeza visibles es David Bruzos y que está al frente de la candidatura que pretende desbancar a Villares.

Tras el choque inicial, los dos bandos se dieron una pequeña tregua a la espera de la auditoría y el informe interno. La idea era poder celebrar las primarias entre el 15 y el 17 de diciembre, dos semanas después de que estallara la guerra interna, pero Gonzalo Rodríguez indicó ayer que es improbable que puedan realizarse dado que hay que introducir medidas de seguridad adicionales, como el envío de un "sms" con un código para votar y evitar. Así que está por ver qué consecuencias provoca en En Marea los nuevos pasos de la coordinadora y la comisión de garantías.

De momento, se ha enviado a la Agencia Española de Protección de Datos la auditoría para que actúe contra los cuatros infractores -si es que hay motivo-, se pide la revocación de los dos miembros del comité electoral y se abre la puerta a una eventual expulsión del partido instrumental.

Esta revocación e incluso el estudio de una posible expulsión se debe a una "vulneración de ética y de la confidencialidad" que no se puede permitir si En Marea quiere ser un partido garantía de cambio en este país, indicó el portavoz de la coordinadora. "Si en En Marea queremos cambiar las cosas y que la política sea distinta", aspectos como "una mayor responsabilidad y una mayor transparencia" son "innegociables", declaró Gonzalo Rodríguez.

"A partir de ahí queremos construir un relato creíble", remarcó el portavoz de la coordinadora, que considera que este asunto "afecta internamente y externamente" al partido, puesto que muestra que hay unas "reglas de juego que son las mejores y que deben ser respetadas internamente".

Por la mañana, Bruzos había advertido que una posible escisión solo sería posible si finalmente no se llegasen a celebrar las primarias en En Marea.