El Gobierno de Feijoo prepara un texto para impulsar la recuperación de núcleos degradados con ayudas económicas y menos trabas

El presidente de la Xunta avanzó algunas de las «liñas mestras» de la futura ley de rehabilitación y regeneración urbana de Galicia, y aseguró que la Administración autonómica explora las posibilidades legales de atribuirse la capacidad de expropiar edificios abandonados que pongan en riesgo la recuperación de una zona urbana. El objetivo de la medida, que se desarrollará a lo largo de la legislatura, es eliminar «as trabas» administrativas que dificultan y dilatan la posibilidad de los gallegos se animen a abordar una rehabilitación urbana. La Xunta también prepara una línea de ayudas económicas en la línea de las mantenidas en el Concello de Vigo que propiciaron importantes avances en la recuperación del casco viejo.

 
Alberto Núñez Feijoo admitió que la rehabilitación de determinados núcleos es muy compleja porque algunos municipios gallegos no cuentan ni con planes especiales ni planes generales. En estos lugares se crearán las denominadas «Áreas Rexurde», con planes de dinamización, conservación y protección y la creación de oficinas de rehabilitación específicas. Para el jefe del Ejecutivo es clave que la sociedad entienda que la recuperación de símbolos garantiza el futuro, pero admitió que para el éxito de la iniciativa también es importante que los alcaldes y los concellos se impliquen en el mismo. También se estudiará la aplicación de exenciones fiscales. «Non hai cascos históricos sen actividade económica», reflexionó. 

Con el fin de actuar directamente en aquellos lugares donde no haya un plan especial o un plan de ordenación municipal se crearán las denominadas «Áreas Rexurde»; con el establecimiento de planes de dinamización, conservación y protección y la creación de oficinas de rehabilitación específicas para esas áreas.

El Gobierno gallego también aprobó un convenio con el Ministerio de Fomento para destinar 16 millones de euros a la prórroga del Plan de Vivienda 2013-2016. La iniciativa beneficiará a unas 4.500 familias en viviendas sociales y las actuaciones previstas están destinadas al alquiler, la rehabilitación, la renovación urbana y la implantación de evaluación certificación energética de edificios.