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La Xunta reclamará a las webs la lista de pisos turísticos que ofertan y revisará si son legales

La Xunta reclamará a las webs la lista de pisos turísticos que ofertan y revisará si son legales

08:09, 07/05/2018

Por David Expósito

Las viviendas de uso turístico están por primera vez bajo la lupa de los inspectores de la Xunta. El decreto que regula los alquileres vacacionales entró en vigor hace un año, pero el Gobierno gallego decidió dar un periodo de gracia a los propietarios para que tuviesen tiempo de regularizar y adaptar sus inmuebles a la nueva normativa. Sin embargo, este periodo ha terminado. El pasado mes de marzo se aprobó el nuevo Plan de Inspección Turística que incluye ya controles en viviendas vacacionales para comprobar si están dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT).

La labor inspectora se centrará en verificar si las ofertas que se publican en las plataformas online son legales. Para ello, la Xunta reclamará a estos portales de Internet que le remitan un listado con las viviendas que publiciten en sus páginas web. A su vez, el Gobierno gallego pondrá en su conocimiento las viviendas inscritas en el registro autonómico.

Los inspectores cotejarán ambos listados y comprobarán si hay viviendas publicitadas en estas webs que no están regularizadas. En ese caso, la Axencia de Turismo incorará un expediente sancionador al propietario. El dueño del inmueble se enfrentará a multas de entre 900 y 9.000 euros, aunque la reincidencia puede implicar sanciones de hasta 90.000 euros, al margen de otros expedientes administrativos y fiscales que se pueden abrir.

Pero además la Xunta enviará un requerimiento a las plataformas online para que no oferten aquellos alojamientos vacacionales que hayan comprobado que no están regularizados. Desde Turismo abogan por la "colaboración" con estos portales para evitar casos de "intrusismo" y reclaman también la ayuda de concellos y Gobierno central para intercambiar información que permita rastrear la oferta ilegal de viviendas vacacionales. Además de controlar las webs, los inspectores actuarán de oficio cuando se produzcan alguna denuncia al respecto. Hasta la fecha, no hubo ninguna, según explican desde la Axencia Galega de Turismo.

Estas inspecciones por parte de la Xunta se suman al decreto anunciado ya el año pasado por Hacienda por el que exigirá a las plataformas que anuncian pisos turísticos la identidad del propietarios y de los inquilinos, así como los días de arrendamiento y los ingresos generados. A partir del próximo mes de julio, los portales online están obligados a informar a la Agencia Tritutaria sobre los alquileres de pisos turísticos. Tanto los controles llevados a cabo por los inspectores en sus visitas rutinarias como la información recabada a través de las intermediarias online permitirán a Hacienda incluir por primera vez en la campaña de la renta de 2019 sobre este ejercicio toda esta información ya como datos fiscales.

En el registro de la Xunta se han inscrito ya más de viviendas de uso turístico con un total de 26.518 plazas -más de 1.700 en la ciudad de A Coruña y su área, casi el 20% de toda la provincia coruñesa-. En los dos últimos meses se ha incrementado casi un 15% el número de pisos vacacionales dados de alta, debido a la proximidad del verano y a que este verano, por primera vez, la Xunta realizará inspecciones. Aunque este año los inspectores de Turismo vigilarán por primera vez la oferta de viviendas vacacionales para comprobar si cumplen la normativa, estos pisos estaban ya siendo objeto de control fiscal por parte de la Agencia Tributaria para destapar alquileres en negro.

Al margen de la economía sumergida, el boom de pisos turísticos tiene otro efecto negativo: el precio del alquiler tradicional ha aumentado en muchas ciudades españolas. En Palma de Mallorca, por ejemplo, el Gobierno local ha decidido prohibir el alquiler de viviendas vacacionales por parte de particulares.

En Galicia el decreto que regula las viviendas de uso turístico recoge ya la posibilidad de que los concellos puedan limitar estos alojamientos si hubiese saturación. Y las comunidades de vecinos también tienen capacidad para vetar al alquiler a turistas de pisos de su edificio. Aún así, ni el Gobierno gallego ni el sector de la hostelería consideran que la proliferación de estos alquileres vacacionales en la comunidad autónoma sea por el momento excesiva.

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