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A siete meses de las elecciones municipales, un total de 63 ayuntamientos gallegos -el 20% del total en la comunidad- están marcados en rojo por el Ministerio de Hacienda por incumplir alguna de las normas de control de gasto, circunstancia que puede repercutir en su autonomía económica en caso de no solucionarse. En ese listado, aparece una ciudad, Ourense, única gobernada por el PP y que vulnera la regla de gasto, y la distribución provincial sitúa a 22 municipios incumplidores en Pontevedra, 18 en A Coruña, 17 en Ourense y 16 en Lugo.

Estos ayuntamientos se saltan uno o dos de los corsés económicos impuestos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, aprobada por el entonces Gobierno del PP para embridar el déficit público, en sintonía con la reforma constitucional exprés que apoyó también el PSOE para blindar el pago de la deuda. Era el momento álgido de una crisis económica que desplomó los ingresos públicos y elevó la deuda a ritmo vertiginoso para poder pagar los servicios de la administración.

 
Esa norma obliga a las corporaciones locales a ajustarse a la estabilidad presupuestaria, sin incurrir en déficit estructural y ciñéndose al desfase permitido cada ejercicio. El año pasado, por ejemplo, los ayuntamientos alcanzaron casi un 0,6% de superávit. Además, deben cumplir la conocida como regla de gasto, que establece que el desembolso de las administraciones central, autonómicas y locales "no podrá superar la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo para la economía española", según indica la ley. El Gobierno rebajó una décima el mes pasado la previsión para este año, fijada ahora en el 2,6%. Por tanto, ninguna administración puede elevar su gasto por encima de ese porcentaje, si bien se incluyen algunos matices normativos.

A 30 de octubre, un total de 11 concellos incumplía ambos preceptos, otros cuatro no se ajustaban a la estabilidad presupuestaria y 60 vulneraban la regla de gasto, según datos del Ministerio de Hacienda, que exige ajustes económicos a los municipios para cuadrar sus balances, so pena incluso de retenerles fondos si no mejoran su situación. Sin respetar esos corsés económicos o pagar facturas en un tiempo medio que no supere el mes tampoco podrán reinvertir su superávit, algo vetado, por ejemplo, para el Concello de A Coruña por abonar demasiado tarde sus trabajados a los proveedores.

De la provincia de A Coruña figuran en el listado de Hacienda los ayuntamientos de Cabanas, Camariñas, Cambre, Cerdido, Fisterra, Frades, Moeche, Muxía, Muros, Oleiros, Oroso, Outes, Padrón, As Pontes, Porto do Son, Sada, San Sadurniño y Cariño. Y en Lugo, están bajo la lupa del Gobierno central Barreiros, O Corgo, A Fonsagrada, Foz, Mondoñedo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Páramo, Pol, Rábade, Sarria, O Valadouro, Vilalba, Burela y Pedrafita do Cebreiro.

En la lista de Hacienda figuran dos concellos de Pontevedra que vulneran tanto la regla de gasto como la de estabilidad presupuestaria: Pazos de Borbén y Salvaterra de Miño. El resto solo incumplen la primera: Bueu, Caldas, Campo Lameiro, A Cañiza, Covelo, Fornelos de Montes, Agolada, Gondomar, A Guarda, Moraña, Mos, O Porriño, Poio, Pontecesures, Rodeiro, O Rosal, Silleda, Tui, Vilanova de Arousa y Cerdedo-Cotobade.

En Ourense son incumplidores Amoeiro, A Bola, O Bolo, Castrelo de Miño, Chandrexa de Queixa, O Irixo, Lobeira, Manzaneda, Montederramo, Ourense, Padrenda, A Pobra de Trives, Ribadavia, San Xoán de Río, A Teixeira, Verea y Vilariño de Conso.