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El cártel del fuego, 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción

El cártel del fuego, 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción

09:32, 17/10/2017

Una investigación judicial revela que en España y Portugal existe una mafia empresarial que ha conseguido 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción

Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados. 

Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017. 

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil. 

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch. 

 

Autor
Daniel Toledo

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