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Juan José Martín Álvarez, director xeral de xustiza, hoy en Radio Líder

Juan José Martín Álvarez, director xeral de xustiza, hoy en Radio Líder

08:34, 12/04/2018

Esta mañana recibimos en los micrófonos de Radio Líder al director xeral de xustiza, Juan José Martín Álvarez.

Pulsamos la última hora de la huelga de los funcionarios de xustiza

La huelga en la Justicia gallega amenaza la celebración de bodas civiles que las parejas programaron con el Concello de Vigo en el pazo de Castrelos o fuera de la ciudad para los meses de mayo, junio, julio y agosto porque el Registro Civil no tramita su expediente matrimonial, lo tiene paralizado o faltan trámites.

En los últimos días, media docena de parejas que se van a casar en ceremonias celebradas por el Ayuntamiento de Vigo en el pazo del parque de Castrelos se han topado con que tienen reservado hotel para el convite, pero la fecha de la boda peligra. También hay parejas que tenían cita para casarse en una notaría o incluso en un registro civil de Barcelona y de otras partes de España. Todas estas parejas, aunque no se casen en los juzgados de Vigo, deben tener el expediente de matrimonio finalizado y con la firma de la jueza de Vigo. Y esos trámites no se hacen por la huelga.

 
Los funcionarios alegan que las tramitaciones de bodas no son casos urgentes, y la Xunta tampoco las ha incluido en los servicios mínimos. Ningún empleado se presta a hacer ese trabajo porque no le corresponde y desde el juzgado tratan de buscar una solución para salvar esas bodas.

Fuentes cercanas al juzgado explican que una posible interpretación podría hacer que esos expedientes matrimoniales encajasen en los servicios mínimos, ya que las parejas están a punto de agotar su plazo. Pero las mismas fuentes admiten que eso es difícil, porque no es un asunto urgente aunque cause un grave perjuicio económico a los contrayentes. La última palabra la tiene la magistrada del Registro Civil, quien podría ordenar que se tramitasen los expedientes de bodas como un servicio mínimo, pero eso sería entrar en conflicto con los trabajadores en un momento delicado y con mucha tensión en las oficinas judiciales tras 64 días de huelga en la que algunos empleados «vienen llorando a trabajar». Otra solución es que la Xunta incluya la tramitación de expedientes matrimoniales en la lista de servicios mínimos.

Algunos afectados han expuesto al juzgado el grave perjuicio que se les puede causar, porque ya han reservado hotel para el banquete e incluso pagado un adelanto. Ahora tendrían que cancelar el convite y perder el dinero. «La gente viene muy preocupada: ya reservaron el hotel y llegan al registro y se encuentran todo parado. Les decimos que no señalen fecha antes porque el expediente no se tramita, pero ya es tarde», dicen fuentes cercanas al juzgado.

La Trucarro, suspendida

Entre los miles de juicios que el paro ha obligado a suspender está uno de gran importancia, como es el de la operación Trucarro por la presunta estafa de los cuentakilómetros en la que se vieron implicados veinte concesionarios y talleres de Galicia. Tras varios intentos frustrados, la sección compostelana de la Audiencia Provincial ha tenido que desistir de intentar celebrar la vista oral, que queda así suspendida hasta el año que viene.


Al menos han podido concretarse numerosos acuerdos de conformidad con parte de los acusados que hasta ahora ya han permitido indemnizar a 174 de los 305 perjudicados por la estafa. El juicio sigue en pie contra los responsables de siete talleres de venta de vehículos usados, así como contra el principal acusado, el técnico que era el que presuntamente manipulaba los cuentakilómetros. Inicialmente, la Fiscalía acusó a veinte talleres.

Por otra parte, tras más de dos semanas sin que se produjera ningún movimiento, los sindicatos de Justicia han convocado a la Xunta a una nueva reunión. Será mañana a las 11 horas en la sede de la Xunta en San Caetano. El Gobierno gallego acudirá, pero solo «para falar dentro do escenario económico marcado na última oferta», que era de 133 euros más al mes para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para el cuerpo de auxilio. Los representantes de los funcionarios, reclamaban 180 euros lineales para los tres grupos.

 

Escucha la entrevista al completo en la zona podcast

 

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