El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reanudará mañana su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación.

Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos -de los 31 que forman el pleno uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales- retomarán mañana a partir de las 10.00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance.

 
La sentencia no precisaba si la banca debe asumir la citada tasa a partir de ahora o, por el contrario, hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto- o incluso con aquellas firmadas con anterioridad a esa fecha.

El objeto de la reunión, convocada por el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, tan sólo un día después de conocerse que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto no es corregir dicha doctrina, sino revisar, matizar y analizar sus consecuencias y su alcance.

Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo.

Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

Sentencia sobre el impuesto de las hipotecas
La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros.

De momento, y sólo en caída de la cotización bursátil, los bancos han sufrido ya un descalabro de más de 5.000 millones de euros.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, han valorado la decisión de que sea el banco el que se haga cargo del impuesto.

Entre ellas, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha defendido hoy en un comunicado que se trata de un contrato entre banco y cliente, es decir, un asunto civil de cláusulas abusivas y por tanto imprescriptible.