Un tercio de los túneles de la red nacional de carreteras en Galicia incumple las normas de seguridad fijadas por la UE, lo que obligará al Ministerio de Fomento a acometer reformas para adecuarlos a las exigencias europeas. Y deberá hacerlo rápido porque la prórroga fijada por Bruselas a los países miembros termina este año. Son 15 túneles, aunque tres de ellos están ubicados en la provincia de León pero son fronterizos con la comunidad gallega. Dependiendo de las características de la infraestructura y del tráfico que soporte, se deberán instalar carriles más anchos, vías de escape, iluminación, puntos de socorro, ventilación o sistemas de vigilancia.

En el conjunto de España, hay 113 túneles que incumplen las normas que establece la UE. Galicia es, tras Andalucía (43) y Asturias (21), la comunidad más afectada. Su adaptación requerirá una inversión en todo el Estado de 1.053 millones.

 
 
En el caso gallego Fomento explica que "actualmente se están redactando los proyectos de adecuación" y aún no se ha presupuestado su coste. En la ciudad de A Coruña se deberá reformar el de Os Castros, en la Avenida do Pasaxe (AC-12). También habrá que remodelar otros cuatro túneles en la provincia de Pontevedra, todos ellos en Vigo. Son dos túneles de la circunvalación (VG-20) en Valladares, así como el de Bouzas, y en la AP-9 el de salida a Isaac Peral.

En la provincia de Lugo hay seis afectados: cinco en la Autovía do Noroeste (A-6) y otro en la N-120. Y en Ourense otro más en la A-52, en Alongos. A estos se suman tres túneles en la A-6, en León, en su comunicación con Galicia.

Y los plazos para acometer las reformas aprietan, porque el Gobierno español no ha hecho los deberes en todos estos años. Fue en 2004 cuando se aprobó la directiva europea que fijaba los requisitos mínimos para este tipo de vías, en función de su longitud y el volumen de tráfico. Debían ajustarse a estas normas todos los túneles cuya longitud supere los 500 metros. Éste es el caso en Galicia del túnel de la VG-20 en Bouzas (615 metros), de tres pasos subterráneos en la A-6 en Lugo y de otro más en León, en la frontera.

El Gobierno español, sin embargo, aprobó en 2006 una trasposición de la normativa europea más exigente de lo fijado por Bruselas, de manera que extendió la obligación de cumplir estos mínimos de seguridad a túneles urbanos de menos de 500 metros. La idea, en todo caso, era adaptar los túneles a la legalidad europea. Y la UE fijó de plazo 2014, pero no se cumplió y se dio una moratoria de cinco años que termina ahora. La tarea fue pasando de ministro a ministro sin apenas avances. Y a fecha de hoy en la red viaria nacional de Galicia, Fomento señala 15 túneles pendientes de su adecuación a la normativa europea de los cuarenta que hay en las carreteras competencia del Estado.

Las obras que se deben acometer serán de distinta envergadura según las características de la infraestructura viaria. Algunas actuaciones consistirán en intervenciones puntuales como poner señales o sistemas de ventilación, pero otras, en cambio, obligarán a añadir hasta galerías de evacuación, es decir una nueva vía, lo que complicará su ejecución. Fomento no detalla el tipo de obras que tendrá que realizar en los túneles gallegos con el argumento de que todavía se están redactando los proyectos de adecuación. El hecho es que si vence el plazo se arriesga a multas de la UE, que afectarían a aquellos túneles de más de 500 metros que no estén adaptados, un total de cinco en la red viaria de Galicia.

En túneles de entre 500 y 1.000 metros, con menos de 2.000 vehículos por carril, se establecen medidas obligatorias como la resistencia de las estructuras al fuego o el cruce de las medianas fuera de cada boca, además de sistemas de vigilancia con detección automática de incendios y accidentes y suministros de electricidad. Si el tráfico es superior a 2.000 coches se habilitarán salidas de emergencia y habrá medidas adicionales de seguridad si hay pendientes superiores al 3%.