En las últimas décadas, casi todos los gallegos han visto cómo se derrumbaba sin remedio algún edificio singular de los cascos históricos de sus ciudades o villas. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda ha emprendido en los últimos años varias iniciativas para frenar el deterioro de inmuebles en las zonas más nobles de las ciudades, a través del programa Rexurbe, las áreas de rehabilitación integral o la compra pública de viviendas. Pero el objetivo de mejorar el paisaje urbano y revitalizarlo social y económicamente tendrá un instrumento crucial a partir del segundo semestre del año próximo. Es cuando el departamento que dirige Ethel Vázquez espera aprobar la Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbana, el contexto normativo con el que se pretende actuar sobre el patrimonio arquitectónico y aquellos propietarios que se nieguen a rehabilitar o vender sus inmuebles.

 
Los instrumentos para lograr este objetivo serán, por un lado, un nuevo canon -un tributo propio de la comunidad autónoma- que afectará a los dueños de inmuebles en estado de abandono en las áreas rexurbe, siempre que se nieguen a rehabilitar teniendo posibilidades para hacerlo. Si no pueden acometer las obras por razones económicas, el canon se convertirá en una bonificación. Su naturaleza es disuasoria, está orientado a que los propietarios entiendan que finalmente les será más rentable emprender la reforma.

La consellería aclara que la aplicación de este canon no será automática nada más aprobarse la ley a mediados del 2019 -con cierto retraso sobre lo previsto inicialmente-, sino que se acompasará a la declaración de zonas rexurbe, conjuntos históricos de un valor relevante (los declarados como bien de interés cultural, por ejemplo) que precisen una intervención del Ejecutivo autónomo por su decadencia económica, arquitectónica o incluso demográfica, intentando hacer estas zonas atractivas para que vuelva a haber vida en sus calles. Será el Consello de la Xunta el encargado de declarar estas zonas. Dentro de ellas también se podrán delimitar zonas de especial necesidad de rehabilitación (ZER), pensadas para afrontar situaciones límite, con parques de viviendas muy deteriorados. En el anteproyecto estaba previsto que el canon se comenzara a aplicar a partir del 1 de enero del 2019.

El otro instrumento coercitivo también está vinculado a la delimitación de estas zonas de rehabilitación integral, y es la expropiación o la venta forzosa, un último recurso «para evitar la especulación» y por incumplimiento del «deber social de la propiedad».

En el caso de la venta, se realizaría a través de un procedimiento de subasta pública con el objeto de garantizar la rehabilitación o conservación del inmueble. La persona o sociedad que adquiera ese inmueble estará obligada a comenzar las obras de reforma en el plazo de nueve meses. Si no es así, se abriría un procedimiento de expropiación o una nueva venta forzosa.